ENTREVISTA PARA ASKAPENA, COMISION INTERNACIONALISTA DE EUSKAL HERRIA A HECTOR LLAITUL, PRESO POLITICO MAPUCHE, DIRIGENTE DE LA C.A.M. Y VOCERO DESDE LA PRISION POLITICA.

1.-SOBRE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE (PPM)

En primer lugar habr que dar cuenta de la cantidad de hermanos que estamos presos en distintas crceles del Estado Chileno.

Actualmente, existen dieciocho (18) presos mapuche en distintas crceles, seis (6) en la crcel de Angol, cinco (5) en Temuco, dos (2) en Traigun y el resto distribuidos en las ciudades de Lautaro, Vilcn, Lebu y Santiago. Todos procesados y condenados en el marco de lo que se ha denominado “el conflicto mapuche”.

Si bien existen algunas diferencias en los procesamientos en contra nuestra, la mayora responde a la persecucin poltica de que es objeto hoy da el movimiento mapuche ms consecuente. Quienes han ejercido como dirigentes, hemos sido perseguidos y enjuiciados por representar y expresar la resistencia mapuche y la reconstruccin de nuestro pueblo, que a nuestro juicio son los pilares de una estrategia de lucha por la autonoma y el territorio. Estrategias desarrolladas bsicamente por una importante parte del movimiento mapuche que tiene su expresin ms concreta en la Coordinadora Arauco Malleco, la CAM.

Ahora bien, lo que se puede decir de la situacin de los PPM es que somos una expresin ms de la represin poltica del Estado en contra de los mapuche. La crcel la entendemos como una forma de castigo que impone el Estado para aquellos que osamos representarla lucha de nuestras comunidades.

En este sentido, es ya conocido el hecho, de que hemos sido perseguidos y encauzados por procesos judiciales que han sido digitados desde las altas esferas del poder poltico de los gobiernos de turno, en complicidad o con la anuencia de los representantes del empresariado comprometido con la usurpacin de nuestro territorio.

Efectivamente, hemos sido y somos sometidos a leyes espurias que se idearon bajo un espritu fascista, pues fueron dictaminadas en tiempos de la dictadura militar en Chile, como lo es la Ley Antiterrorista. Sin embargo, en el ltimo tiempo nos han aplicado leyes comunes de la legislacin penal como una forma de lavar la imagen del gobierno frente a las crticas que se suscitaron ante la arbitrariedad de aplicar leyes engendradas durante el perodo militar. Mas estas leyes no son menos severas ya que consideran elevadas penas en aos y estn circunscritas en procesos judiciales llenos de irregularidades en donde los montajes de orden poltico judicial estn a la orden del da.

En mi caso particular, estoy siendo procesado por sexta vez, debiendo cumplir con condenas de crcel, en algunos casos, en tanto que en otros no se me ha comprobado participacin en los supuestos ilcitos. Por esta razn, al no existir motivo alguno para encarcelarme, se recurri al montaje de un nuevo procesamiento, el cual est plagado de irregularidades, puesto que pretenden inculparme por medio de las declaraciones de otro imputado (comunero mapuche), quin fue sometido a torturas.

Ahora bien, queremos dejar en claro que la persecucin poltica, en contra nuestra, tanto de los que hoy estamos presos como de aquellos que han debido asumir la clandestinidad, es ante todo la persecucin de una idea, de una expresin poltica y de lucha mucho ms fuerte, clara y decidida, dentro de movimiento mapuche. Somos por lo tanto la representacin de la resistencia, de nuestro pueblo, a la trasnacionalizacin de sus territorios ancestrales, y a la vez tambin constituimos, en la prctica, la experiencia de reconstruccin de nuestro pueblo travs de un proyecto de rearticulacin de comunidades, sobre la base de la recuperacin y control territorial y poltico.

Otro aspecto que se debe mencionar es el hecho de que como PPM nos sentimos desprotegidos frente a la arremetida poltica judicial a la hora de enfrentar los procesos o encauzamientos de que somos objeto. Esto puesto que de partida la confrontacin de nuestras comunidades es, principalmente, con los grupos econmicos ms poderosos de este pas. Este poder de dominacin cuenta con todas las garantas del Estado Chileno, a la hora de incriminarnos y reprimirnos. El empresariado no slo controla el poder econmico en las regiones en conflicto, sino que adems controlan los medios de comunicacin y son en definitiva parte del poder poltico. El gobierno de la Concertacin acta en concomitancia con este y, a fin de cuentas, controlan el poder judicial para defensa de sus intereses econmicos. As se entiende la falta de imparcialidad y objetividad en los encauzamientos a mapuche. Por ejemplo, es una caracterstica la presencia (en los juicios contra mapuche) de una gran cantidad de abogados querellantes, que representan a las forestales, coludidas con los fiscales del Estado, a quienes se suman adems los abogados representantes del Ministerio de Interior (Gobierno).

Frente a tal presin, los jueces slo se limitan a consentir sobre las acusaciones.
Por otro lado, tampoco contamos con abogados comprometidos o cercanos a la causa mapuche (salvo un par de excepciones), por lo que debemos soportar la imposicin de los abogados “defensores” que asigna el Estado. Es paradjico e irnico; el Estado Chileno nos acusa y supuestamente el mismo Estado “nos defiende”. Es la consecuencia de haber decidido luchar en tiempos en que los organismos de defensa en Chile estn detrs de las ofertas de la social democracia, o simplemente son ignorantes frente a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en contra del Pueblo Mapuche.

Nosotros como PPM estamos vinculados a las comunidades en lucha por la autonoma y el territorio.

2.-BACHELET Y REPRESION AL PUEBLO MAPUCHE.

Lo primero que debemos dejar en claro es que Michelle Bachelet es militante del Partido Socialista de Chile. Y en esa calidad asumi la presidencia de la repblica, pero su gobierno, obviamente, no es socialista.

Actualmente el Estado Chileno se rige, aun, por una Constitucin heredada por la Dictadura de Pinochet, y a la que cmodamente se han adaptado los actuales “demcratas” que administran este estado.

Chile, es hoy, gobernado por un conglomerado denominado “Concertacin de Partidos por la Democracia”, en donde los partidos de centro derecha son los ms fuertes, por lo tanto el gobierno de Bachelet es ms cercano a la social democracia, administrando, o ms bien imponiendo, un sistema econmico y poltico de tipo neoliberal. As, este gobierno es la continuidad de los otros gobiernos de la Concertacin, ni siquiera en el plano social, se aprecian mayores avances, para la sociedad en general, a pesar del supuesto mayor nfasis en las polticas sociales como tantos pregonan desde la Moneda.

Como los anteriores gobiernos, ste se caracteriza, en lo poltico, por administrar el Estado en funcin primero de pactos y acuerdos con la oposicin de derecha. En lo econmico, en tanto, se subordina a la ya consabida estrategia de desarrollo sobre la base de la extraccin y sobreexplotacin indiscriminada de los “recursos naturales”, de materias primas exportables, con la consecuente obtencin de acuerdos comerciales, los llamados “Tratados de Libre Comercio” con la idea de posicionar y obtener buenos negocios para el empresariado chileno y sus socios trasnacionales.

Es en este contexto poltico-econmico que resurge nuestra lucha, basada principalmente en los procesos de recuperacin de tierras usurpadas que hoy da estn en manos de los grandes grupos econmicos que dominan la mayora de los sectores claves de la economa de Chile. Por supuesto es con el sector forestal con quienes tenemos ms conflictos ya que es aqu donde se sostiene, principalmente, el sistema de propiedad territorial usurpada al Pueblo Nacin Mapuche, y es en Chile donde las actividades relacionadas con las plantaciones forestales (la madera y la celulosa) es la que genera grandes ganancias a estos grupos econmicos.

Pero tambin tenemos confrontacin con otras expresiones de la trasnacionalizacin de los territorios ancestrales mapuche; como es el caso de la instalacin de centrales hidroelctricas, proyectos de extraccin de minerales, puertos, obras viales y aeropuertos, asociados todos al desarrollo capitalista del pas. Es en este marco que el actual gobierno, por su definicin en pro del desarrollo del modelo econmico prioriza las inversiones capitalistas, queriendo lograr con ello establecer la estrategia de expansin y profundizacin del modelo econmico capitalista neoliberal.

Por esto sostenemos que la administracin Bachelet da continuidad a la estrategia de contencin de la lucha mapuche en tanto que nuestro proyecto, de Nacin, pone en riesgo los planes del modelo econmico en este territorio. Dicha contencin se orienta en dos grandes sentidos. Por un lado, est la poltica asistencialista y paternalista que ofrece programas y proyectos a las comunidades como una forma de acallar las demandas, y de paso, lograr la cooptacin de los sectores, ms dbiles ideolgicamente, de la sociedad mapuche. Aqu es necesario sealar que la cooptacin no es slo econmica sino tambin poltica, ya que desde el gobierno se deja abierta la posibilidad de participacin a aquellas organizaciones que quieran entrar en la institucionalidad vigente. De hecho, parte importante del movimiento mapuche acepta entrar en dicho juego, a travs de una postura seguidista, respecto del Estado Chileno.

Por otro lado, est la poltica del garrote, para quienes no aceptamos entrar en dicho juego. Para nosotros la represin es cada vez ms diversificada en tanto sta no slo es directa y violenta, como lo representa la militarizacin de las zonas en conflicto, los permanentes allanamientos a comunidades y la persecucin selectiva a los militantes ms consecuentes del movimiento mapuche. Tambin es el caso mencionar un tipo de represin ms encubierto o menos directo, forma acordada y llevada a cabo en conjunto con las fuerzas empresariales comprometidas en el conflicto. Aqu ya no se trata del uso desmedido de la fuerza, es un tipo de represin ms sofisticada. Se estudian las zonas donde existen inversiones capitalistas, se disponen de planes adaptados con propaganda meditica, con cursos, capacitaciones, planes de “buena vecindad”. Algunos financiados por el Banco Interamericano del Desarrollo BID.
La idea es establecer crculos de seguridad en torno a las propiedades forestales en todos los planos, poltico, social, policial y de inteligencia.

Es por ello que tambin se fomenta la creacin de los comits de vigilancia rurales (legales en Chile) que al estar conformados por pequeos parceleros, ideolgicamente racistas-antimapuche, y a su vez, dotados de una vasta logsticas y armas, actan como verdaderos “guardias blancas” de las forestales y de los latifundistas.

Es necesario dejar en claro que frente a esta realidad existen muchas comunidades que estn llevando a cabo sus procesos de lucha, as como otras evidencian una actitud de desespero frente a la nueva invasin de tierras de que son objeto por parte de las empresas forestales. A su vez, se aprecia tambin, lamentablemente, un vasto sector del movimiento mapuche que a cado en el inmovilismo y seguidismo de la lnea estatal. Esta situacin, es de exclusiva responsabilidad de aquellas organizaciones y dirigentes que oscilan entre la colaboracin con las autoridades y la autonoma discursiva. Dicho discurso es slo utilizado como una forma de conquistar adeptos, para despus conducirlos a una postura entreguista y claudicante, lo que confunde y pone freno a un verdadero y masivo proceso de reconstruccin territorial y poltica, como es la propuesta de la Coordinadora.

3.- SOBRE LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS PPM EN EL AO 2006.

Har una referencia muy escueta acerca de este tema, ya que no manejo en toda su dimensin esta movilizacin. Puesto que en aquel tiempo me encontraba en clandestinidad y cumpliendo con otro tipo de tareas dentro de la organizacin. Por supuesto, pese a la clandestinidad y persecucin de varios de los dirigentes de la CAM, estuvimos muy atentos y preocupados por nuestros hermanos y por las caractersticas que la huelga de hambre tuvo. Esta huelga de hambre fue muy importante y gener mucha preocupacin a todo nivel, tanto al interior del pueblo mapuche, como en sectores populares y estudiantiles chilenos, as como a nivel internacional. Sin duda fue una movilizacin de gran envergadura y qued registrada como una de las huelgas mas largas en la historia chilena. La cual pudo tener consecuencias drsticas e incluso fatales, pues exista mucha conviccin de parte de nuestros hermanos huelguistas. Esta caracterstica, es sin dudas, lo ms rescatable de dicho proceso, pues evidencia la gran capacidad de entrega de los militantes de la causa mapuche.

Pero, en el marco de los logros polticos stos fueron ms bien magros. Segn nuestra impresin, esto se debi al mal manejo que se hizo de las negociaciones de la huelga, lo que no fue precisamente lo ms acertado. Se debi, tal vez, a la falta de experiencia o a la ingenuidad de los huelguistas, lo que indica, que a veces, no es suficiente actuar de buena fe. A nuestro juicio faltaron elementos ms polticos para salir airosos frente a la negativa del oficialismo.

En concreto nadie obtuvo la libertad, que era el objetivo central de esta movilizacin. Una vez ms qued claro como funcionan los organismos de poder de dominacin y sus operadores polticos, en particular del parlamento. No se obtuvo prcticamente nada, siempre se las arreglaron para entrabar una salida a favor de las demandas de los PPM.

Quizs algunos aspectos positivos, alcanzados, podran ser ciertas medidas de flexibilizacin del rgimen carcelario para los presos polticos mapuche, es decir, la posibilidad de adecuar algunos beneficios intrapenitenciarios. Sin embargo, sabemos que esta cuestin opera como una espada de doble filo, ya que por un lado abre expectativas para viabilizar la salida de la crcel, esto lo hace desde una alternativa individualista, basndose en definiciones personales, que tienden a la divisin y disgregacin de los P.P.M, como tales, que es justamente lo que el Estado Chileno persigue. Esto genera, a su vez, desazn y desconfianza y con ello la prdida de una actitud colectiva para enfrentar la prisin poltica.

A nuestro juicio el resultado ms rescatable de esta movilizacin la constituye el hecho cierto de haberse generado un fuerte respaldo y apoyo a esta causa, que en el fondo activa el gran apoyo y solidaridad que an concita la causa mapuche en general. La movilizacin no slo exigi la libertad de los PPM, si no que adems extendi su apoyo al conjunto de nuestras reivindicaciones como Pueblo Nacin Mapuche.

Nuestra opinin, es que este tipo de movilizaciones son absolutamente legtimas, por cuanto permiten obtener logros polticos y morales que son importantes para mantener vigente las banderas de la lucha de nuestro pueblo.

No obstante es necesario aprender de los errores, valorar los aciertos y emprender con combatividad nuevos desafos. Dentro de esto hay que revisar con ms atencin a quienes se les entrega la confianza de llevar adelante las negociaciones en los periodos ms crticos de una huelga de hambre, para no volver a entregar atribuciones a grupos o personas, que por su posicin, slo buscaron protagonismo para un mejor reacomodo en el sistema, traicionando las expectativas de los huelguistas. La enseanza es que no se puede contar con organizaciones o personas, que operan en el marco de la oficialidad estatal, ya que es obvio que terminarn transando con las propuestas que se ofrecen desde el gobierno de turno, es de suponer que se antepondrn los intereses polticos del sistema por sobre las legtimas reivindicaciones, en este caso de los PPM.

Para desarrollar este tipo de movilizaciones, si bien, se hace necesario contar con todo tipo de respaldos, se debe dar mayor nfasis y protagonismo a la lucha que puedan desarrollar las propias comunidades y sus expresiones de lucha ms directa. Se debe contar con el apoyo de los sectores ms consecuentes del movimiento mapuche y de aquellos movimientos sociales y polticos cercanos a nuestra causa. Esto con el objetivo de generar una correlacin de fuerzas a favor de una salida consecuente con nuestros planteamientos polticos.

Por ltimo, este tipo de luchas al interior de las crceles tambin se legitima para obtener otro tipo de resultados, como la denuncia de la persecucin y represin que sufre nuestro pueblo de parte del Estado Chileno, y por lo tanto, el reconocimiento de nuestra calidad de Presos Polticos.

En este sentido son tambin una herramienta importante para denunciar medidas de aislamiento, segregacin y dispersin que han afectado a algunos PPM.

Por otro lado permiten adems mejorar las condiciones de sobrevida de los presos, y su vnculo con sus familiares, considerando que en su mayora se trata de personas que viven en comunidades mapuche ubicadas en sectores rurales muy distantes de los centros de reclusin, a quienes se les dificulta visitar a sus presos.
De este modo es necesario transformar la crcel y la prisin poltica en un bastin ms de la lucha por la liberacin nacional mapuche.

4.-SITUACION GENERAL EN EL WALL MAPUCHE

Para comprender la realidad actual del pueblo mapuche es necesario remontarse un poco en la historia.

En primer lugar somos un pueblo que mantuvo su libertad hasta 1881, aproximadamente, lo que nos diferencia de otros pueblos originarios del continente; ya que pudimos mantener la independencia frente a los espaoles, en el transcurso de cerca de 300 aos. Solamente fuimos doblegados a fines del siglo XIX, tras la conformacin de la Republica de Chile. Este hecho histrico es el que nos permite reafirmar la tesis de que somos una Nacin, claro actualmente invadida y sometida , pero una Nacin, ocupada por dos estados naciones , el de Chile y Argentina.

Fuimos un Pueblo Nacin que fue derrotado militarmente – una derrota parcial, decimos hoy- sin embargo seguimos ocupados territorialmente por los estados invasores. Sobre todo en el caso del Estado Chileno, los gobiernos de la Concertacin, se han empeado en mantener una estrategia poltica orientada a la expansin y profundizacin del capitalismo neoliberal, en todos los territorios, y en todas las esferas de la sociedad Chilena, la que incluye a nuestro pueblo.

La administracin de la concertacin ha demostrado que gobierna ms apegada al mercado, que a los valores de justicia social, de la sociedad en general, o del derecho a la libre determinacin, en nuestro caso. Su nico objetivo es asegurar el modelo econmico centrado en la explotacin indiscriminada de los “recursos naturales” y en consecuencia, a una obsesionada, bsqueda de mercados para las exportaciones de dichas materias primas, cediendo con ello frente a los tratados de libre comercio, que a fin de cuentas, slo benefician a las trasnacionales y al gran empresariado chileno.

Como ejemplo tenemos el caso de la exportacin de celulosa, la cual est en un segundo plano de importancia despus del cobre, con la salvaguarda de que estas son inversiones casi exclusivas de los grupo econmicos chilenos; Con esto se explica, en parte, la inmensa concentracin de la propiedad de la tierra, o latifundios, (ms de dos millones de hectreas) que poseen los consorcios madereros.

La industria forestal en Chile est concentrada en dos grandes grupos empresariales, liderados por Anacleto Angelini, dueo de la Copec de la cual es filial Forestal Arauco y Eleodoro Matte, dueo de la CMPC de la cual es filial la Forestal Mininco.

Resulta paradjico que en las regiones donde se desarrolla este lucrativo negocio han pasado a convertirse en las zonas ms pobres del pas; producto obviamente de la sobreexplotacin y la concentracin de la riqueza en pocas manos. Es justamente en estas regiones donde estn ubicadas la mayor parte de las comunidades mapuche. Dando cuenta del ms impresionante sistema de inversin, basado en la usurpacin y despojo al Pueblo Nacin Mapuche.

Esta situacin no slo ha generado pobreza, sino que adems a conllevado a la prdida de la diversidad biolgica, siendo reemplazado el bosque nativo por el monocultivo del pino radiata y el eucaliptus. Lo que ha influido fuertemente en la perdida de nuestras manifestaciones religiosas y culturales, las cuales tienen su principal fundamento en la tierra y su equilibrio natural.

Para nosotros, la expansin de las inversiones forestales en el Wallmapu, as como la aparicin de otros proyectos capitalistas en los rubros mineros, hidroelctricos y otros, constituye una amenaza tal, que podramos afirmar que estamos en presencia de una poltica de exterminio hacia las comunidades mapuche, llevada a cabo por el Estado en su afn de transnacionalizar la totalidad de nuestros territorios ancestrales.

Pensamos que la “democracia actual”, inserta en la mundializacin de la economa, ha hecho definiciones en torno a la situacin de nuestro pueblo: La integracin forzada y la desaparicin paulatina de nuestras comunidades. Slo as se entiende la situacin estructural de pobreza de que somos objeto debido, principalmente, a la falta de tierra. Frente a lo cual no existe voluntad poltica ni inters de modificar dichas condiciones. Salvo los ofrecimientos oficialistas que, muchas veces, han engaado a algunos de nuestros hermanos, y que slo consisten en medidas asistencialistas que en ningn caso resuelven los problemas econmicos de fondo de las comunidades, y menos aun, responden a nuestras reivindicaciones polticas como Nacin Mapuche.

En este caso, ponemos como ejemplo la pobreza estructural en que viven las comunas de Tira, Cholchol y alto Bo Bo, a pesar de que cuentan con “autoridades” mapuche que son militantes de partidos de gobierno. Esto demuestra que la participacin de mapuche en las instituciones chilenas no es ningn aporte a nuestra lucha, puesto que estos “polticos mapuche” continan administrando las comunas desde la misma lgica del invasor.

De hecho, an, se insiste en creer que con los gobiernos de la Concertacin se abrirn grandes posibilidades, a partir de nuevos espacios y compromisos que, sin embargo, en el ltimo tiempo se han ido esfumando, quedando en la prctica, slo, nuevos proyectos de inversin capitalista en nuestros territorios.

Es frente a esta realidad que el sector ms consecuente del movimiento mapuche ha retomado las banderas de la libertad, legado de nuestros antepasados, y hemos vuelto a reivindicar con fuerza el territorio y la autonoma como los ejes fundamentales para la reconstruccin de la Nacin Mapuche y su futura independencia. Es por ello que las recuperaciones de tierras y las experiencias de control territorial son rpidamente reprimidas por el Estado de Chile.

En la actualidad, muchas de las luchas de las Comunidades han sido fuertemente intervenidas por “interlocutores” que lo nico que buscan es generar puentes con el gobierno que permitan una salida al conflicto en los marcos de la institucionalidad, y por sobre todo, en beneficio del empresariado.

Muchas de las negociaciones son desarrolladas de manera fraudulenta. Estas maniobras responden a un plan concertado desde el gobierno y representantes del empresariado, quienes estudian la situacin especfica, destinan operadores polticos, adecuados a la realidad los que, a su vez, se contactan con eventuales “yanaconas” (traidores), es decir, “agentes mapuche”, quienes a cambio de buenos dividendos econmicos, traicionan a sus comunidades, para desmovilizarlas y bajar sus objetivos.

Esta es la forma que ms ha resultado para dividir el movimiento mapuche, lo que ha generado quiebres al interior del proceso de lucha. Al menos estas maniobras no han afectado el funcionamiento interno de la CAM ya que sus militantes han sabido ser consecuentes, moral y polticamente, al momento de ponerse al frente de la lucha mapuche.

Tenemos que dar cuenta que la CAM es la organizacin ms perseguida polticamente por el Estado Chileno y por lo tanto es, tambin, objeto de silenciamiento y tergiversacin por parte los operadores polticos del estado, de las organizaciones mapuche pro gobiernistas y socialdemcratas, y de los medios de comunicacin oficialistas y de derecha.

Otra situacin que esta ocurriendo y que es necesario resaltar, para ejemplificar cmo acta el Estado Chileno en contra nuestra; es el Proyecto Minero en la zona del LLeu LLeu. A esta zona corresponde un lago del mismo nombre, el cual est rodeado de numerosas comunidades mapuche, al menos un 35% de la ribera del lago es ocupado por estas. El otro 65 % est, la mayor parte, en manos de empresas forestales, incluyendo a las vastas zonas montaosas que quedan hacia el interior. Lo concreto es que en este lugar existe una fuerte confrontacin, entre nuestro pueblo y la actividad forestal frente a lo cual el gobierno concertacionista ha tomado parte en el conflicto y ha dispuesto un apoyo incondicional a los empresarios.

Esto se expresa, por un lado, en el desarrollo de una fuerte campaa de cooptacin dirigencial, y de comunidades, a las estrategias locales de “desarrollo” gobiernistas, para lo cual, entre otras medidas, cuenta con un alcalde de origen mapuche –Adolfo Millabur (Comuna de Tira)- para llegar con dichas propuestas, que evite la natural confrontacin con el invasor capitalista.

Por otro lado, el gobierno chileno ha desplegado un fuerte dispositivo policial-antisubersivo en que las llamadas “fuerzas especiales” han sido trasladadas a los sectores rurales y cordilleranos, del Wallmapu, con el objeto de que acten como fuerzas contrainsurgentes, siendo distribuidas a travs de campamentos, muchos de ellos desconocidos para la opinin publica. Sobre la base de esta nueva poltica, la zona de LLeu LLeu se ha convertido en uno de los territorios ms militarizados de este pas.

Con relacin a esto sabemos que la razn de fondo no es slo garantizar la inversin forestal sino permitir la instalacin en la zona de un gran proyecto minero en la ribera del lago. Lo que trae como consecuencia inmediata la instalacin de grandes consorcios de dicho rubro. De acuerdo a las exploraciones en esta rea estaramos frente a la presencia, principalmente, de escandio y uranio. Metales requeridos para la industria aeronutica y nuclear.

A nosotros nos queda claro que en esta actividad, sern las grandes corporaciones mineras las que se adjudicarn la licitacin para explotar estos preciados metales, y como es en el caso de Chile, sern empresas extranjeras y corporaciones multinacionales las que se instalarn definitivamente en nuestros territorios.

Entonces el problema ahora no ser slo de disputa territorial e intervencionismo, sino que, frente a esta nueva realidad, habr un proceso de destruccin total y ms acelerada del “hbitat ancestral mapuche”, no slo reducido al tema de la erosin del suelo, sino de la contaminacin de uno de los lagos mas limpios y puros del mundo.

El gobierno una vez ms acta en concordancia con su poltica econmica de expandir a toda costa su modelo de desarrollo capitalista, pasando nuevamente por sobre las comunidades mapuche. En este sentido es que pronosticamos un nuevo frente de lucha en la zona de LLeu LLeu, en que a nuestro juicio habr una gran resistencia de parte de nuestro pueblo. Sin dudas, estamos en un nuevo escenario para la confrontacin, dado por la militarizacin de la zona en disputa, el que ratifica nuestra postura de que sta confrontacin se da entre un Estado capitalista y el Pueblo Nacin Mapuche.

5.-SOBRE LA DISCRIMINACION Y LA MIGRACION

En relacin con la discriminacin de que somos objeto como mapuche, que se expresa en todos los sentidos, en lo econmico, poltico, social y cultural, hay aspectos que son ms encubiertos, que son necesarios desentraar. A partir de la derrota militar que sufrimos, se han aplicado, en forma sistemtica, polticas que relegaron a las comunidades en escasas y malas tierras, las cuales fueron denominadas reducciones. Hacemos recuerdo que se nos usurp ms del 95% de nuestro territorio histrico. Esta situacin no slo empobreci materialmente a nuestro pueblo, sino que paulatinamente se fue socavando otros aspectos de nuestra realidad social y cultural, A travs de los distintos perodos el Estado Chileno ha llevado a cabo polticas solapadas de exterminio, cuestin que hizo ms difcil la sobrevida mapuche. Sin embargo, nuestro pueblo ha podido resistir a estos diferentes intentos.

Por eso reconocemos vlidas, como formas de resistencia, todas aquellas manifestaciones econmicas, culturales, religiosas y sociales, que se han antepuesto a las polticas del Estado. Frente a esta terquedad y capacidad de sobrevivencia demostrada, por nuestro pueblo, los sucesivos gobiernos han debido disear nuevas formas de sometimiento, imponiendo polticas asimilacionistas en las que se ofrece la integracin forzada, al sistema econmico y a la “chilenidad occidental”, a travs de proyectos de desarrollo, bajo una lgica capitalista.

Al mismo tiempo se presiona con la pobreza, promoviendo como salida la migracin y la transculturizacin, sobre todo de los jvenes. En este sentido podemos afirmar que la intencin del Estado siempre ha sido terminar con el problema indgena, pero al parecer es en la forma en que no han tenido muchos aciertos, pues aun continuamos resistiendo.

Por ejemplo, durante la dictadura se quera terminar con los mapuche a travs de la conversin de comuneros a pequeos propietarios, a travs de la ley de Propiedad Individual de la Tierra, que tena como objetivo de que los mapuche pudieran vender sus tierras. Esto permiti que los empresarios forestales tuvieran la posibilidad de comprar tierras a muy bajo precio, lo cual adems fue subvencionado por el gobierno militar. Durante este proceso las plantaciones forestales reemplazaron millones de hectreas de bosque nativo y suelos cultivables.

Posteriormente los gobiernos “democrticos” de la concertacin han generado un marco de legislacin cada vez ms asimilacionista, en su efecto, fue diseada para lograr la consolidacin de los procesos de inversin capitalista en el Wallmapuche.

Estos nuevos procesos de ocupacin y apropiacin de nuestros territorios, slo han agudizado la pobreza de las comunidades y han propiciado la migracin mapuche hacia los centros urbanos, lo cual ha ido en aumento, en el ltimo tiempo. Ntese que ms del 40% de nuestra gente se ha visto obligada a abandonar las comunidades y buscar la sobrevida en los sectores marginales de las urbes.

Retomando el tema de la legislacin, hemos dicho que la Ley Indgena en Chile es parte de la estrategia de contencin de las demandas mapuche de autonoma y territorio, la Ley Indgena se circunscribe, mas bien, en la poltica social del gobierno que es asistencialista y que en su fondo pretende la desestructuracin de la idiosincrasia cultural de las comunidades, es una forma mas de imponer el colonialismo ideolgico de parte del Estado. No olvidemos que fue diseada por los operadores polticos de la concertacin de acuerdo con los analistas de derecha, por lo que tiene como objetivo, a travs de sus medidas paliativas, contener las reivindicaciones en el mbito local y lograr la cooptacin de comunidades y organizaciones mapuche que se vuelven seguidores de estas polticas
La idea de fondo es crear un clima de calma en la zona mapuche para que se impongan los proyectos de inversin.

La mantencin de un tipo de legislacin as tiene un propsito de parte del Estado y es frenar todo tipo de avance en materia de reconocimiento de los derechos fundamentales que les cabe al pueblo mapuche, as se entiende que ni siquiera por la va “legal” se haya conseguido algn avance, el parlamento por ejemplo siempre ha rechazado que el gobierno firme y ratifique el convenio 169 de la OIT y se niegan a otorgar reconocimiento constitucional de los mapuche como pueblo, mecanismos que si se lograsen, al menos abriran algunas expectativas en el mbito poltico, lo que generara nuevos frentes por reivindicar, derechos como pueblo originario. Sin embargo, nos queda absolutamente claro que esta nula voluntad tiene una razn de fondo, estratgica de parte del Estado, la desaparicin definitiva, tanto ideolgica como fsica, de nuestras comunidades.

Frente a esta situacin, y asumiendo nuestra responsabilidad, como la expresin de movimiento mapuche ms consecuente, con las demandas y reivindicaciones histricas de la Nacin Mapuche, hemos definido levantar estrategias de mayor confrontacin con el sistema con la idea de generar un gran proceso de lucha. Este proceso se encuentra en una etapa de creacin de las bases ideolgicas y organizativas, para levantar una propuesta de Liberacin Nacional Mapuche.

SOBRE LA VISITA DEL DELEGADO BATASUNA

La visita de nuestro hermano Walter gener mucho revuelo en sectores derechistas y gobiernistas. En el caso de la prensa de derecha se observa en ella su carcter fascista en este tipo de campaas mediticas que no tolera que dos pueblos oprimidos se encuentren y generen solidaridades.

Para nosotros como militantes de la CAM y para el movimiento mapuche en general, constituye un gran honor tener la visita de un delegado tan importante; representante de una consecuente e histrica organizacin de Euskal Herria, como es Batasuna.

Respecto de este evento, lo ms importante, es la definicin que ha hecho el pueblo vasco al definir su relacin con la Nacin Mapuche en forma diferenciada, de su relacin con organizaciones chilenas. Esto da cuenta de su mejor comprensin respecto de nuestra calidad de Nacin oprimida. En este sentido nos ha dejado muy contentos su actitud de visitarnos en la crcel y asignarnos la calidad de representantes de nuestro pueblo.

Nos sentimos muy orgullosos de recibir dicho reconocimiento, sobre todo porque este viene de un pueblo que ha desarrollado una importante lucha por su independencia la cual seguimos con atencin pues es un ejemplo para nuestro proceso.

Como Coordinadora estamos satisfechos ya que hemos sido capaces, tambin, de posicionar nuestra lucha en el mbito internacional generando simpatas y respeto de las organizaciones polticas y sociales, nacionalistas y revolucionarias, ms importantes de los diferentes pueblos del mundo. Algunas de las cuales nos han visitado, generando importantes encuentros, y de otras hemos recibido sus saludos y respaldos.

Por ltimo enviamos un gran saludo al heroico y hermano pueblo vasco, para nosotros, faro desde el ultramar, por la dignidad y la libertad. Vuestro ejemplo de lucha abre esperanzas a nuestras naciones originarias.

POR UNA EUSKADI Y UN WALLMAPUCHE INDEPENDIENTE.

GARRAIPENA GUREA DA (LA VICTORIA ES NUESTRA)

WEUWAI-MARRICHIWEU (TRIUNFAREMOS, DIEZ VECES VENCEREMOS)

Desde Crcel de Angol, Julio 2007.

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